El juez español, Baltasar Garzón, fue condenado este jueves a 11 años de inhabilitación profesional

El juez español, Baltasar Garzón, fue condenado este jueves a 11 años de inhabilitación profesional según dictó sentencia la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Garzón de 56 años, fue juzgado por haber ordenado escuchas "en violación de las garantías constitucionales" en casos de corrupción de líderes del Partido Popular conocido como "trama Gürtel".

El Tribunal Supremo, declaró al magistrado culpable por ordenar la grabación de conversaciones en prisión entre abogados defensores y sus clientes, del escándalo de corrupción que en 2009 involucró a altos funcionarios del Partido Popular (PP), actual gobernante en España.

La sentencia, que será dictada entre 15 a 20 días, supone la expulsión de Baltasar Garzón de la carrera judicial.

El tribunal lo integraron Joaquín Giménez (presidente), Andrés Martínez Arrieta, Miguel Colmenero (ponente), Francisco Monterde, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Manuel Marchena.

De  una vez conocida la medida a través de las redes sociales las personas comenzaron a manifestarse por lo que no se descarta una movilización en rechazo al proceso que aseguran hay un interés político de fondo.

Salas en el Tribunal Supremo hay otras dos causas que continúan abiertas. "Una por investigar crímenes del franquismo y otra por haber recibido presunto pagos del Banco Santander por haber realizado unos cursos en Nueva York" (este de Estados Unidos).

A Garzón también se le sigue un juicio por abrir una investigación sobre los crímenes durante la guerra civil española (1936-1939) y la posterior dictadura de Francisco Franco, pese a la existencia de una Ley de Amnistía.

Durante su alegato final, Garzón negó las acusaciones de la asociación Manos Limpias sobre haber vulnerado la Ley de Amnistía de 1977.

"No voy a contestar ninguna de las preguntas de la acusación popular por considerar que no está legitimada para estar en esta sala ejerciendo la acusación" sostuvo.

En su defensa, el magistrado dijo que tomó las decisiones ajustadas a derecho en favor de las víctimas.

El proceso juducial contra el juez comenzó el pasado 24 de enero tras las denuncias de extrema derecha que juzgan su intención de investigar los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura española y los crímenes de Francisco Franco.

 

Comunicado de Baltasar Garzón

"NOTA DE BALTASAR GARZÓN REAL ANTE LA SENTENCIA DE LA SALA 2 DEL TRIBUNAL SUPREMO EN LA CAUSA SEGUIDA CONTRA EL MISMO

Rechazo frontalmente la sentencia que me ha sido notificada en el día de hoy.

Lo hago por entender que no se ajusta a derecho, que me condena de forma injusta y predeterminada.

He trabajado contra el terrorismo, el narcotráfico, los crímenes contra la humanidad y la corrupción. Lo he hecho con la ley en la mano y en unión de fiscales, jueces y policía. En este trabajo, siempre he cumplido con rigor las normas, he defendido los derechos de los justiciables y de las víctimas en situaciones muy adversas.

Ahora y a lo largo de este procedimiento, mis derechos han sido sistemáticamente violentados, mis peticiones de defensa desatendidas, el juicio oral una excusa, cuyo contenido ha sido utilizado sólo contra mí, prescindiendo de los elementos favorables que me beneficiaban, para, con ello, poder dar forma a una sentencia que ya estaba anunciada desde hace meses.

Mi actuación en el denominado caso Gürtel, se ajustó a la ley y en su desarrollo, tomé todas las medidas para garantizar el derecho de defensa y la investigación de delitos muy graves relacionados con la corrupción, partiendo de los contundentes indicios y para evitar la continuidad delictiva de blanqueo de dinero de los jefes mafiosos que utilizaban, como ya lo habían hecho antes, a los abogados designados.

Se me ha impedido aportar las pruebas que lo demostraban y se ha prescindido de la implicación y participación de abogados en la trama.
La afirmación que se contiene en la sentencia para justificar el supuesto dolo de que “la inclusión de la cláusula previniendo el derecho de defensa dejando a un lado su efectividad, revela que sabía que su resolución afectaba a este derecho” es una aberración que contradice todo el sentido de la misma y se utiliza para eliminar la base de mi absolución. La sentencia no dice en ningún momento cual es el daño producido en el derecho de defensa y no lo dice sencillamente porque no existe. Lo inventa. Asimismo falta a la verdad cuando se dice que no se ejecutó la medida de salvaguardar dicho derecho, cuando personalmente me cuide de garantizarlo y así lo avalan las pruebas practicadas e ignoradas por el tribunal.
Esta sentencia, sin razón jurídica para ello ni pruebas que la sustenten, elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad y contribuye gravemente, en el afán de acabar con un concreto juez, a laminar la independencia de los jueces en España.
Acudiré a las vías legales que correspondan para combatir esta sentencia y ejerceré todas las acciones que sean pertinentes para tratar de paliar el perjuicio irreparable que los autores de esta sentencia han cometido.

Madrid a 9 de febrero de 2012