Uno de los problemas más complejos y de mayor impacto negativo que ha debido enfrentar Colombia en el transcurso de su historia es el de la producción, tráfico y consumo de drogas de alta peligrosidad. La legalización de los efectos nocivos del narcotráfico en Colombia a hecho que este síntoma aparezca como la causa de los males que aquejan al país, desdibujando la importancia que tienen los factores estructurales, relacionado con las desigualdades y desequilibrios internos y externos como generadores de la pobreza, el atraso y la injusticia propios del subdesarrollado; sin embargo por el poder que desarrolla como empresa ilegal, efectivamente sí es una de las principales causas de los problemas de Colombia.
El narcotráfico se ha convertido en una de las más grandes organizaciones internacionales, capaz de movilizar centenares de millones de dólares diariamente, de quebrantar el concepto de soberanía estatal, producir acciones impensables de violencia, financiar guerrillas y alimentar el terrorismo. El narcotráfico es un fenómeno singular y preocupante de la era contemporánea. Sus propulsores constituyen una nueva transnacional, que con su colosal poder económico y su red de corrupción ha modelado una verdadera narco-economía en muchos lugares del mundo. Ha penetrado los mandos del Estado y de la fuerza pública. Ha roto la imparcialidad de la justicia. Ha corrompido a políticos. Ha atemorizado a policías. Ha creado un nuevo poder social levantando sobre la corrupción, el crimen y el terror. Ha ocasionado miles de desplazados.
Los narcotraficantes para comenzar su negocio necesitaron apoderarse de inmensas extensiones de tierra, que fueron compradas a muy bajos precios, pero que utilizó como mano de obra de primera línea al campesinado de la región, transformando inmediatamente las realidades socio-económico-políticas del área. En épocas de bonanza se convirtió en costumbre ver comunidades de campesinos o de indígenas utilizando lujosos carros y dándose la gran vida al lado de una violencia que los acompañaba silenciosamente. La no tenencia de la tierra hizo del campesinado una presa fácil del abuso de los patrones, lo que inicia procesos de desplazamiento masivo.
Los narcotraficantes realizaron alianzas estratégicas con la guerrilla para obtener seguridad a los cultivos. Esta bomba narco-guerrilla se convierte en un elemento muy importante en la desestabilización del Estado, que por su centralismo no hizo presencia en múltiples zonas del país. La narco-guerrilla se apodera institucionalmente de pueblos, logrando así un respaldo en la población. Las condiciones políticas de Colombia cambiaron y la guerrilla comienza ha ser perseguida por los paramilitares lo que deja a la población en medio del conflicto armado y produciendo una ola de desplazamiento de los campesinos que tuvieron que dirigirse a las grandes ciudades, no solo en busca de empleo si no para proteger sus vidas.
El diagnóstico de Washington es que los orígenes del problema de la droga se encuentran en el lado de la oferta , mientras que los países productores afirman que es la demanda, puesto que en tanto ésta subsista y se amplíe siempre habrá alicientes para el cultivo, procesamiento y comercialización de ella. Es una simple cuestión de lógica del mercado. Aquí reside la principal discrepancia entre los países productores y los consumidores. Pero detrás de esta discrepancia existen muchos otros intereses concretos. El tema no puede ser reducido a un tema meramente moral , como plantean los países del norte.
El cultivo de la coca forma parte de la economía de los países productores. Decenas de miles de campesinos pobres se dedican a él. No es tan fácil, por tanto, erradicarlo sin causar un problema social de enormes proporciones, aún mayor que el causado por el desplazamiento. Hay muchos elementos y realidades en el problema, algunos de ellos dramáticos, que tienen que ver con las precarias condiciones de vida de amplios sectores de la población campesina que han optado por estos cultivos porque han sido la única oportunidad que les ha ofrecido la sociedad como alternativa para alcanzar la relativa prosperidad que el mercado siempre les negó. Por la inoperancia del Estado, Colombia ha aprendido a convivir con el narcotráfico.
La inversión de dineros del narcotráfico en compra de tierra ha sido muy notable en 251 municipios del país. Solamente el gran corredor minifundista oriental desde Nariño hasta Norte de Santander, ha permanecido en lo fundamental ajeno al apetito por tierras por parte de las mafias. Al desplazamiento de campesinos ocasionado por la mayor concentración de la propiedad se suma un aumento de los precios de la tierra y un relevo de capas propietarias anteriores, con lo cual cambia la naturaleza de los adversarios del campesinado en áreas del conflicto. El cambio apunta a la mayor identidad entre los señores de la tierra y los señores de la guerra, pues los mafiosos, en las regiones donde tienen grandes territorios, han formado escuadrones de la muerte que protegen sus intereses y administran justicia privada. En 126 municipios de aquellos donde los narcotraficantes han comprado tierras ha habido movilizaciones sociales.
En tres de las principales regiones de movilización rural y conflicto guerrillero, el conjunto de Urabá-Córdoba-Bajo Cauca-Magdalena Medio y el conjunto de Ariari -Guayabero-Guaviare, las mafias armadas gozaron de los beneficios de una alianza implícita con las Fuerzas Armadas en su lucha contra las guerrillas, pues la creación de autodefensas por las Fuerzas Armadas y la de escuadrones privados por las mafias fueron allí mismo proceso en distintas fases, ocurrido desde 1981.
Las regiones de alta movilización rural donde no ha sido notable la compra de tierras por las mafias son el Norte de Santander, oriente de Santander, Arauca, centro-oriente de Cauca, Huila y Vaupés. Las restantes regiones donde ha habido movilización social han tenido la transformación de origen mafioso, que se alían con las anteriores o las desplazan y subordinan.
La economía de las drogas ha financiado a las guerrillas y los grupos paramilitares, y ha elevado enormemente el valor del botín de guerra y las recompensas clandestinas que son captadas por miembros de seguridad. Los ejes del paramilitarismo han ido a la compra de grandes territorios por parte de narcotraficantes organizados y la creación de grupos de autodefensa por las Fuerzas Militares, que convergieron en unas regiones y no en otras. La simple comparación de las dos cifras ya mencionadas de 373 municipios de acción paramilitar y 251 de alta compra de tierras por narcotraficantes ilustra la mayor cobertura territorial del paramilitarismo.
Las regiones donde se asocian la compra de tierras y las acciones paramilitares son Urabá, Córdoba, Magdalena Medio Antioqueño y Boyacense, alrededores de la Sierra Nevada de Santa Marta, Casanare, Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo, norte de Cauca, sur del Valle y municipios del eje cafetero y sur de Antioquia.
Las regiones donde han operado paramilitares y no han comprado tierra los narcotraficantes de una manera notable son el nor-oriente (oriente de Santander, Norte de Santander), Arauca, sur del Tolima y centro sur del Huila, centro-oriente del Cauca, Vaupés y municipios dispersos del eje cafetero y el sur de Antioquia. En estas regiones los grupos paramilitares han convocado al apoyo de medianos y grandes propietarios, algunos empresarios y comerciantes y la cooperación ilegal de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.
Muchos de estos grupos tienen un origen cercano a las necesidades de autodefensa de la comunidad, pero con el paso del tiempo son optados al servicio de jefes locales y se transforman en fuerzas predatorias que extorsionan a los pobladores a cambio de seguridad.
El despliegue territorial de los grupos paramilitares ha logrado sembrar el terror de las comunidades campesinas de todas las grandes regiones donde hay alta presencia guerrillera. Más aún, han actuado en territorios donde no es alta la presencia de las guerrillas, como Guajira, Atlántico, sabanas de Sucre, norte del Tolima, eje cafetero, norte del Valle, centro del Huila y Vaupés, donde su presencia responde a la lógica del control territorial y la protección de negocios ilícitos.
En algunas regiones criticas de violencia, los paramilitares han provocado éxodos masivos de población campesina y han repoblado territorios con campesinos desplazados por las guerrillas.
LA GUERRILLA
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, autodenominadas "FARC", a través de su proceso histórico, cumplieron las siguientes etapas:
La historia de las FARC se inicia prácticamente el 09 de Abril de 1948, a raíz del asesinato del líder popular Jorge Eliécer Gaitán, situación que desembocó en la organización de grupos armados que con un claro objetivo, incrementaron la violencia; termina ésta etapa en 1959 y abarca dos fases plenamente definidas :
1ra Fase: Se inicia en 1948(9), cuando el Partido Comunista Colombiano (PCC) en su intento por capitalizar el caos que cubría gran parte del territorio nacional, lanza la consigna de organizar la masa campesina para que sirviera de apoyo en la conducción de la resistencia armada, termina ésta fase en 1953, con la amnistía del 13 de Junio, otorgada por el General Rojas Pinilla e instalación del nuevo gobierno, habiéndose realizado durante esta fase, como tarea principal, la evacuación campesina hacia las regiones seleccionadas por el Partido Comunista (región de El Davis, Tolima), para instalar en ellas el mayor número de familias campesinas afiliadas al partido.
2a. Fase : Se inicia en 1954 con la organización de la resistencia armada en Cunday y Villarrica, bajo el mando Pedro Antonio Marín (alias Tiro fijo ó Manuel Marulanda Vélez) y Ciro Trujillo Castaño (alias Mayos Ciro), sin embargo, por la acción de las tropas se ven en la necesidad de replegarse hacia la región de la Marquetalia, Guayabero y Río Chiquito; termina ésta fase en 1959 con la organización de autodefensas en las áreas señaladas. Termina así la primera etapa del proceso revolucionario, la cual se caracterizó por falta de coordinación en las acciones y la carencia de una dirección "político-militar" centralizada.
2. La segunda etapa se inicia en Enero de 1960. El partido Comunista, lanza el "movimiento de autodefensas de Marquetalia", debidamente organizado y entrenado en la contienda armada, por Pedro Antonio Marín e Isauro Yosa, jefes armado y político respectivamente, quienes proclaman la zona como "República Independiente de Marquetalia", estructuran y difunden el 20 de Julio de 1964 el denominado "Programa Agrario de los Guerrilleros".
Los anteriores acontecimientos obligaron al gobierno, a las Fuerzas Militares a tomar las medidas necesarias para la conservación del orden interno, las cuales culminaron en la realización de la "operación Marquetalia" (Mayo/64), con la cual se obliga a una nueva dispersión y repliegue de los grupos armados del PCC, hacia las regiones de Río Chiquito, Pato y Guayabero. En esta segunda etapa, las guerrillas son obligadas a pasar a la defensiva, gracias a la acción acertada de las tropas, aprovechando que no hubo una decisión militar favorable, los guerrilleros trataron de pasar a una tercera etapa.
El movimiento guerrillero se expandió hacia las zonas del Quindío, Valle y Risaralda, estas aspiraciones fueron frustradas por tropas de la Octava Brigada, fracaso que obligó a los guerrilleros de las "FARC" a regresar a sus bases de operaciones iniciales, así mismo a revisar sus tácticas de dirección y a definir una nueva estrategia a seguir; disparándose a amplias zonas del Tolima, Huila, Quindío, Risaralda, y Valle, así como a la región del Sumapaz y Cundinamarca. A través de su larga historia revolucionaria ha desarrollado ocho conferencias guerrilleras y nueve plenos, durante los cuales ha diseñado la táctica y la estrategia para "someter" a las fuerzas del orden, destacándose el Pleno del 89 en el cual rediseñaron el plan estratégico del 82 y dieron luz a la denominada campaña Bolivariana por la nueva Colombia aún vigente.
La FARC se encuentra conformada por un Estado Mayor Central, constituido por 25 miembros incluidos los 7 integrantes del secretariado, cabecillas de los bloques de frente e integrantes representativos de lagunas cuadrillas. Cuenta con 5 bloques de frente, 2 comandos conjuntos que aglutinan las 61 cuadrillas rurales, 18 compañías móviles con proyección a constituirse en nuevas cuadrillas, 4 frentes urbanos (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla), 4 columnas móviles para un total aproximado de 11.000 insurgentes. Además cuenta con las milicias Bolivarianas ubicadas en áreas de injerencia de las cuadrillas rurales cuyo número se ha estimado en aproximadamente 8.000 hombres.
La guerrilla actual en conjunto en Colombia, vive la auto justificación de un proyecto imposible, como lo manifiesta en su ultima obra "Derechos Humanos y Democracia" Alberto Ramos Garbiras : La guerrilla navega todavía entre la insurrección y la revolución, cayendo en la desfiguración de los propósitos: desfiguración propia del ejercito intenso y extenso de la violencia, sin la materialización del triunfo"; situación que trae como consecuencia directa el éxodo de campesinos Colombianos.
La organización con su actual dispositivo tiene cubierto gran parte del territorio nacional, localizándose estratégicamente a lo largo de la cordillera oriental y en aquellas áreas que por su ubicación ofrecen ventajas geoestratégicas (Urabá-Putumayo-Arauca) y zonas potencialmente económicas. Su influencia armada terrorista se acentuó en el Urabá Antioqueño y Chocoano, Putumayo, Arauca y Meta entre otros.
EL EJÉRCITO DE LIBERACION NACIONAL ? ELN-
Disidentes de las FARC formaron el ELN. Este grupo concitó el apoyo de los sectores sindicalistas del Departamento de Santander. Elementos universitarios se unieron a sus filas, al igual que una serie de sacerdotes católicos, siguiendo el ejemplo del Padre Camilo Torres que se sumó al movimiento y murió en un enfrentamiento con el Ejército en 1966. El ELN fue liderado durante muchos años por el Padre Manuel Pérez, religioso español que murió en febrero de 1998.
El ELN ha puesto mucho énfasis en su ataque a la legitimidad del proceso democrático y ha secuestrado a numerosos funcionarios públicos y candidatos electorales. El ELN actuó contra figuras políticas con particular virulencia en los meses que antecedieron a las elecciones municipales de octubre de 1997. Sin embargo, después de las elecciones, el ELN siguió secuestrando a alcaldes y concejales locales en gran número. El ELN también ha luchado a favor de la nacionalización del petróleo. Como parte de esta campaña, el ELN ha realizado más de 600 ataques con dinamita desde 1986 contra la infraestructura utilizada por estos sectores industriales. El ELN cuenta actualmente con unos 3.000 a 4.000 integrantes.
El ELN ha anunciado su interés en procurar una solución política negociada al conflicto armado. El Presidente Pastrana se reunió, después de su elección a la presidencia, con los encarcelados representantes del ELN, Felipe Torres y Francisco Galán, para discutir las propuestas del grupo disidente para las negociaciones de paz. El grupo ha exigido la celebración de una convención nacional para discutir la paz con la sociedad civil y recientemente llevó a cabo varias reuniones preparatorias para dicha convención con el aval del Estado.
El ELN ha sugerido que, mientras se prepara la convención nacional, las negociaciones deben conducir a la humanización del conflicto, incluyendo una aplicación más estricta de las normas del derecho internacional humanitario. El ELN afirma que actualmente respeta las normas del derecho internacional humanitario. Sin embargo, las prácticas del ELN en materia de secuestros para la extorsión, etc. dejan en claro que en realidad no respeta estas normas como son interpretadas conforme al derecho internacional. En junio de 1998, el ELN firmó un acuerdo en el cual se comprometió a respetar ciertas reglas mínimas del derecho internacional humanitario. Este acuerdo fue firmado con representantes del Comité Nacional de Paz de Colombia en Mainz, Alemania, después de un diálogo entre dirigentes del ELN, representantes del Estado colombiano y representantes de la sociedad civil. Las conversaciones de paz con el ELN han avanzado en los últimos meses a través de algunos contactos y reuniones dentro y fuera de Colombia.
El fuerte de la organización se basa en un grupo de elite especializado en el manejo de explosivos de alto poder. Eso explica que solo en el mes de enero de 2000, cuando quería presionar la realización de la convención nacional, haya volado 200 torres de energía eléctrica. Eso, no obstante, no significa que su accionar hacia el futuro corresponda a la misma fragilidad. "No necesariamente tiene que lanzar grandes campañas militares, sino que pueden recurrir a acciones aisladas de sabotaje como, por ejemplo, ataques contra la infraestructura eléctrica.
La verdadera fuerza del ELN radica en su capacidad de atacar la infraestructura del país. El desarrollo de la guerra implica resolver tres problemas fundamentales: hombres (mandos y tropa), material bélico (adecuado y suficiente) y recursos financieros. Este último es el que finalmente determina los dos anteriores y las posibilidades de continuar la pelea. En el caso del ELN este parece ser uno de los cuellos de botella para su crecimiento. A diferencia de las FARC, que lo solucionaron recurriendo al cuidado de cultivos ilícitos en gran escala y a las actividades relacionadas con el narcotráfico, dentro del ELN hay cuestionamientos éticos a esta forma de financiación y eso ha hecho que solo unos pocos frentes se hayan involucrado en el negocio ilícito. Por eso son menos poderosos que las FARC.
Un estudio del Ejercito Colombiano dice que el ELN tiene 40 frentes rurales, 12 comandos urbanos, 29 escuadras menores, todos agrupados en cuatro frentes de guerra que se mueven en diferentes áreas del país, que pueden provocar acciones violentas. Aunque el ELN cuenta con el frente Carlos Alirio Buitrago, que según fuentes del Ejercito dispone de 450 hombres, con la misión de atacar el sector enérgico y realizar operaciones terroristas en el eje vial Bogotá ? Medellín, también es cierto que ha recibido severas bajas.
Los golpes al ELN están consignados también en el balance de la Fiscalía General de la Nación. Hay detenidos 13 de sus comandantes, entre ellos Armel de Jesús Robles Cermeño, alias "El Chino", Francisco Gaitán y Felipe Torres, y se les ha capturado a 1.341 de sus militantes. El ejército, por su parte, ha dado muerte en combate a 614 de sus miembros.
El EJÉRCITO POPULAR DE LIBERACIÓN EPL-
El EPL surgió en 1965. El grupo originalmente se negó a participar en las negociaciones de paz iniciadas por el Presidente Belisario Betancourt. Posteriormente, uno de sus dirigentes, William Calvo, cambió de posición y firmó un acuerdo de paz en 1980. Muchos de los integrantes del grupo aprovecharon la amnistía política que se les ofreció. Sin embargo, muchos otros que se reinsertaron en la vida civil eventualmente regresaron a la lucha guerrillera cuando William Calvo fue asesinado en una calle de Bogotá, el 20 de noviembre de 1985.
El EPL pasó luego a ser una de las partes en los acuerdos de paz concertados durante el Gobierno del Presidente Virgilio Barco. Posteriormente, muchos de sus miembros se integraron a la vida civil y han formado un partido político denominado "Esperanza, Paz y Libertad".
Un número muy elevado de integrantes del EPL reinsertados han sido asesinados. Estos asesinatos son primordialmente llevados a cabo por la facción disidente del EPL, que no firmó los acuerdos de paz, y por las FARC. Al menos en parte como resultado de la violencia de que fueron objeto, algunos de los anteriores integrantes del movimiento armado disidente se han aliado ahora con las fuerzas de seguridad del Estado e inclusive con los grupos paramilitares.
PARAMILITARISMO
El paramilitarismo fue planteado como un proyecto militar que buscaba eliminar a las guerrillas del país. Es obvio que una situación como ésta pusiera en alerta al Estado Colombiano, ya que había sido formado dentro de unos fundamentos que los hacían enfrentar sólo conflictos de baja intensidad. De manera que ante la amenaza de aquellos brotes de insurgencia, era necesaria la toma urgente de medidas para combatirlos.
El surgimiento de las guerrillas y su pretensión de ganar influencia sobre la población campesina y sobre los movimientos populares urbanos hizo que el Estado Colombiano desarrollará desde los años sesenta, una estrategia contrainsurgente bajo la orientación de la llamada "doctrina de la seguridad nacional", que se aplicó con mayor rigor a partir del gobierno del presidente Turbay, con un saldo de graves violaciones a los Derechos Humanos.
La pretensión aparente de la política contrainsurgente era supuestamente la derrota de los grupos guerrilleros, ella se aplicó en forma indiscriminada contra importantes sectores de la población campesina y del movimiento popular urbano que fueron seriamente afectados, iniciándose así una desbandada de campesinos en busca de protección, originados por la incapacidad del Estado para enfrentar la guerrilla.
Los grupos paramilitares han sido desarrollados en diversas regiones del país con el claro propósito de actuar en la defensa y protección de intereses políticos, de proyectos económicos (explotación de recursos naturales como el petróleo y el carbón), y la defensa de sectores vinculados a la actividad agropecuaria y al narcotráfico.
El año de 1982, fue el escenario para que en Puerto Boyacá (municipio en el Magdalena Medio ubicado en el departamento de Boyacá) naciera la primera organización paramilitar; por iniciativa del capitán del ejército Oscar Echandía y con el concurso de terratenientes de la región, se le asignó como meta "limpiar junto al ejército a la región de subversión".
La incapacidad de garantizar el control social y el orden público se sumaron, por un lado a la accidentada política de diálogo y tregua con algunos grupos alzados en armas impulsada por el presidente Betancurt desde 1982 y, por tanto, la intensificación de las denuncias contra la violación de derechos humanos por parte de los militares, las cuales sintieron limitada su capacidad de acción contra-guerrillera por vías institucionales además del crecimiento del poder económico de los narcotraficantes que los había llevado a adquirir tierras en algunas de las zonas más fértiles del país (Magdalena Medio, Costa Atlántica, Llanos Orientales), donde existía presencia de organizaciones insurgentes desde décadas anteriores; los capos del narcotráfico, ahora hechos terratenientes no estaban dispuestos a someterse a las exigencias económicas y políticas propias de las regiones controladas por los grupos rebeldes y dispusieron de sus cuantiosas fortunas para financiar fuerzas paraestatales. Además, algunos frentes guerrilleros (en particular de las FARC en el Magdalena medio) se habían excedido en la presión económica sobre medianos y pequeños propietarios rurales a través de la contribución forzosa, el secuestro y la extorsión; ello creó una disposición de algunos campesinos para colaborar con proyectos "antisubversivos". El proyecto contrainsurgente se vio fortalecido por la financiación de narcotraficantes como José Gonzalo Rodríguez Gacha quien financió la traída de mercenarios Israelitas e ingleses así como la adquisición de sofisticadas armas. Con base en información de inteligencia suministrada por el Ejército, se ejecutaba sumariamente a presuntos simpatizantes de la guerrilla dentro y fuera de la región por otro lado, en coordinación con el ejército dieron contundentes golpes a los frentes guerrilleros asentados en el Magdalena Medio desde hace más de tres décadas, logrando casi su total expulsión de la zona.
Los hermanos Fidel (Alias "Rambo" y Carlos Castaño), a mediados de los años ochenta, terratenientes y narcotraficantes del departamento de Córdoba, crearon su propia estructura militar antiguerrillera, las Autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. Sus escuadrones han sido responsables de varias de las masacres más notorias como la de Mejor Esquina (Córdoba) con 39 muertos y Puerto Bello (Antioquia) con 42. A fines de los años ochenta aparecieron otros grupos paramilitares como el MNR (Muerte a Revolucionarios del Nordeste), los Blancos los Yeyes, COLSINGUE (Colombia sin Guerrilleros) y MACOGUE (Muerte a comunistas y guerrilleros), cuya actividad criminal se extendió a otras regiones como los Llanos Orientales donde narcotraficantes y conocidos esmeralderos como Víctor Carranza ha adquirido tierras y donde las guerrillas de las FARC poseen una presencia histórica de más de tres décadas.
La década de los noventa finaliza con un balance de 12.859 asesinatos políticos y la agudización del conflicto armado en todo el país, y la conversión del paramilitarismo en el responsable del 32% del desplazamiento en Colombia.
Los grupos paramilitares no han tenido un solo modelo o método de acción, sino que ha estado determinado por el nivel de conflicto en la región, el nivel de organización del movimiento popular y la resistencia de la población frente a este tipo de proyectos y al accionar de la Fuerza Pública. En tal sentido son diferenciables tres (3) modelos de acción:
a. El involucramiento compulsivo de la población; b. La conformación de una estructura permanente y cerrada, en la cual el tamaño depende del área de acción; c. La contratación de personas provenientes de otros lugares para que ejecuten crímenes, sin que hagan parte de un grupo permanente.
La intimidación a la población ha sido habitual mediante el porte de listas donde se amenaza a los pobladores y en general se instiga a los habitantes para que se integren al proyecto paramilitar, se vayan o se enfrenten a la muerte. Estos grupos han sido justificados como "autodefensas", en donde se afirma que las patrullas de "campesinos organizados" están protegidas por el ejército y se promueve la participación en estos grupos mediante el ofrecimiento de salarios, la consecución de la libreta militar y otros beneficios.
La modalidad de contratación para realizar actividades delictivas a nombre del paramilitarismo ha venido siendo utilizada en algunos lugares de Antioquia y Norte de Santander, en donde, sectores económicos (tal es el caso de los cafeteros) e inclusive las propias Fuerzas Militares, a través de sus redes de informantes han contratado personal proveniente de otros municipios o departamentos para que realicen ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones, el accionar tiene como finalidad el dificultar las investigaciones en torno de estos grupos y encubrir a los responsables de la comisión de crímenes de lesa humanidad.
La persecución y desestructuración de los grupos paramilitares, desde el gobierno se reduce a la expedición de una serie de decretos de Estado de excepción (anterior estado de sitio), en los cuales los ubica al margen de la ley, sin que con ello haya influido en su existencia. Por el contrario, a través de varios decretos se les ha otorgado un tratamiento benigno. Situación ésta que entorpece el actual proceso de paz llevado a cabo entre el gobierno y las FARC-EP.
El ejército es el primero que hace presencia, con la Fuerza Aérea y/o la Naval al "teatro de operaciones" donde se presume hay presencia guerrillera o donde los insurgentes han actuado recientemente bombardean y realizan operaciones rastrillo en las zonas rurales, arrinconando a la guerrilla y obligando a la población a refugiarse en los cascos urbanos más cercanos. Luego, llegan los paramilitares y hacen el "trabajo sucio"; detienen, masacran supuestos colaboradores de la guerrilla (en su mayoría pertenecientes a alguna organización cívica, campesina o sindical) cuando no a familias o comunidades enteras de "sospechosos"; en algunos casos realizan actos de barbarie como decapitar, descuartizar y castrar a los muertos, tal como la violencia de los cincuenta; a continuación amenazan de muerte a los demás pobladores y los obligan a huir del municipio o la zona, agravando el drama del desplazamiento.
Los terratenientes (varios de los cuales también son políticos y/o narcotraficantes) limpiado el terreno, amplían sus propiedades y las repueblan con allegados y simpatizantes de la nueva alianza terrorista; por último, llegan las Convivir a garantizar "la paz" y el orden. Este libreto ha sido seguido casi al pie de la letra en Riosucio, Alto Baudó y Salaquí en Chocó, Carepa, Pavarandó, San Miguel y Las Mercedes en Antioquia. En algunos casos, las primeras víctimas son los propios alcaldes electos, concejales o autoridades locales, previamente "denunciados" por algunos medios como simpatizantes de la guerrilla. Pertenecer a alguna organización social, a un partido de izquierda o asumir una posición crítica o independiente frente a los "paras" es condenarse a muerte; sólo en el primer semestre de 1997 en el municipio de Segovia (Antioquia) han sido asesinados más de sesenta líderes cívicos y populares.
El paramilitarismo no sólo es un proyecto político; representa un mecanismo de control militar por parte de grupos económicos poderosos, en particular los ganaderos, los terratenientes, muchos de ellos también narcotraficantes o estrechamente vinculados en sus negocios. Pero el paramilitarismo no sólo protege intereses, sino que contribuye o su concentración y acumulación de bienes. De este modo, a nivel económico el paramilitarismo tiene como finalidad recuperar, salvaguardar, controlar y ampliar espacios en los cuales hay o puede haber inversiones de capital, sea éste ganadero, agroindustrial, minero, energético o narco. Esto se evidenció al analizar la geografía de la expansión paramilitar; no solo están haciendo presencia allí donde hay guerrilla, sino en lugares donde se juegan grandes intereses económicos presentes o futuros: hidroeléctricas, recursos petroleros y minerales, megaproyectos como el Puerto de Urabá o el Canal interoceánico o la Represa de Urrá.
Las estadísticas oficiales presentadas por el Ejercito, muestran que más de 308.000 personas fueron desplazadas de sus hogares durante 1998 debido a la violencia generada por los grupos, revela un Informe divulgado por Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento (CODHES) Según esa entidad no gubernamental, el desplazamiento ha registrado en la última década una línea ascendente en el número de afectados por el conflicto armado protagonizado por las guerrillas, los paramilitares y el Ejército. En 1998, precisa el informe, se calcula en 308.00 personas la cifra de personas desplazadas violentamente por las dinámicas de terror, muerte y éxodo que propicia masacres, asesinatos y amenazas. En ese año, indica también el mismo informe, divulgado por CODHES, "se produjo el desplazamiento de 71.613 hogares integrados en su mayoría por mujeres, niños y niñas y jóvenes menores de edad!. En resumen, desplazamiento de 71.613 hogares integrados en su mayoría por mujeres, niños y niñas y jóvenes menores de edad?. En resumen, subraya el documento, "aproximadamente ocho hogares fueron desplazados cada hora en Colombia durante 2003".
0 comentarios:
Publicar un comentario
¡Bienvenido(a)! ¡Expresa tu opinión!