Una de las medidas de mayor impacto en esta batalla es la línea 133, bajo la dirección del MIFAMILIA, lo que posibilita ofrecer información sobre este tema
Nicaragua es uno de los países con más avances en la lucha contra la trata de personas. Uno de los avances importantes es la creación de la línea 133, bajo la dirección del MIFAMILIA, habilitada las 24 horas, que registró entre 2009 y 2012, unas 20 mil llamadas de solicitud de información sobre Trata de Personas, mayormente en los puntos fronterizos.
Norma Moreno, Procuradora de la Niñez y la Adolescencia, al presentar los resultados del estudio Estado situacional de la trata de niñas, niños y adolescentes en Nicaragua, dijo que otros aspectos positivos son el accionar de la Coalición Nacional contra la Trata de Personas, dirigida por el Ministerio de Gobernación, la atención a las víctimas de la trata, además de un marco jurídico, normativo y procedimental, que tipifica el delito de trata de personas, orientado a la protección y ayuda a las víctimas y a sus familiares. Todo esto en cumplimiento de lo establecido en el Protocolo de Palermo.
El fiscal Xavier Morazán, jefe de la Unidad Anticorrupción y Contra el Crimen Organizado del Ministerio Público, alegó que la baja cifra de capacitación se debe a los pocos recursos institucionales, y a la prioridad que se brinda al personal de área especializada.
Según datos del Ministerio Público, el año pasado hubo una efectividad del 81.25% en las acusaciones contra los tratantes de personas en Nicaragua. Datos de la unidad especializada contra la trata de personas de la Policía Nacional señalan que se logró rescatar a 178 víctimas. Hasta el momento, 33 personas entre jóvenes, niñas y niños han sido liberadas de sus captores.
No obstante, como dificultades pueden verse la falta de un sistema único que registre las estadísticas de casos de trata con indicadores que permitan dimensionar el impacto de la trata de personas en Nicaragua, según la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos.
Moreno manifestó, además, que no existe una base de datos uniforme que registre las estadísticas de casos de trata por género, grupos etéreos y otros indicadores, que permitan dimensionar oficialmente el impacto del delito.
Otro aspecto pendiente es la proporción de personas y de funcionarios capacitados, lo cual es diferente por institución. En la Policía, el personal capacitad es del 85 por ciento, en el Ministerio de la Familia el 10 por ciento, mientras en el Ministerio Público es de tan solo el 2 por ciento. En el sistema judicial es del 1 por ciento.
Fernando Mao
Coordinador Cono Sur para las Americas y el Caribe
RATT MERCOSUR & Paises Asociados
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