domingo, 16 de septiembre de 2012

La Ministra de seguridad, Nilda Garré, en una entrevista en Radio Nacional Rock, se refirió hay a las denuncias que realizara hace unos días el Ministerio y que llevaron a la separación de efectivos policiales de las comisarías 7°, 28° y 44° de la Ciudad de Buenos Aires. Señaló que, tras realizar investigaciones, encontraron que en esas comisarías había efectivos de alto rango (subcomisarios, oficiales inspectores, sargentos, cabos) que cometían ilícitos del tipo de lo que en la jerga policial se llama "quintas", esto es, zonas a las que se brinda protección a cambio de pago, y también zonas liberadas, en las que los negocios se realizaban con delincuentes. La titular de la cartera agregó que entre el patrimonio y las declaraciones juradas de los efectivos se encontraban incrementos desmedidos de bienes en función de sus ingresos.
En otro tramo de la entrevista se refirió a que, en efecto, una comisaría puede ser valuada, esto es tener precio. Dio como ejemplo lo que ocurría con la 7°, correspondiente a la zona de la Plaza Once, donde policías tarifaban a los vendedores ambulantes o manteros para permitirles su comercio al margen de legislaciones vigentes. A partir de estas prácticas y otras análogas, también abusivas, perversas e ilegales, se podría estimar un valor ponderado de una comisaría.
Además de las denuncias y sanciones, la Ministra señaló lo que el Ministerio hace ahora es tomar la decisión de quién va a cada comisaría. Antes esto era decisión de la misma policía. A partir de la creación del Ministerio de Seguridad en diciembre de 2010, con una directiva muy firme de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, la Ministra Nilda Garré inició esta transformación para finalizar con el autogobierno policial y que las decisiones resulten de un gobierno político de la fuerza, tanto en lo relativo a las designaciones del personal como a los objetivos y políticas policiales.
Consultada sobre qué injerencia tiene el Ministerio a su cargo respecto de las policías provinciales, la titular de la cartera dijo que, constitucionalmente, la seguridad es un tema asignado a las provincias, de manera que las autoridades federales no pueden inmiscuirse en ese tema. Sin embargo, enfatizó que hay una acción conjunta a partir de un Consejo de seguridad federal que integran todos los ministros de gobierno de las provincias, responsables de sus respectivas seguridades. Se firman protocolos tratando de unificar temas y procedimientos. Como ejemplo recordó que el primero de los protocolos fue el relativo a cómo se deberían afrontar las manifestaciones públicas, cuáles serían los límites que cada policía provincial tiene en ese tema. Otros protocolos referidos a temas como el narcotráfico o la trata de personas también avanzan con acuerdos y maneras similares de hacer procedimientos, del llenado de los mismo requisitos en el registro de hechos, esto es, trabajos con miras a unificar la información.
Otro tema que tocó la Ministra fueron las manifestaciones del jueves pasado. En lo que hace a los reclamos por seguridad, la titular de la cartera remarcó que la seguridad es un derecho de todos y cada uno y que el Estado es el principal responsable de la garantía de esa seguridad. Pero, además, agregó que la seguridad es un fenómeno muy complejo, multi causal, que no depende de poner más policías o más patrulleros en la calle, también hay que remover ciertas situaciones y causas que hacen que algunas personas queden en estado de extrema vulnerabilidad y extrema marginalidad y hasta la desesperación, lo que puede llevar a la delincuencia. También señaló que hay un papel muy importante a cumplir por parte de la gente con su participación. Desde el Estado lo que debe promoverse es esa participación ya que, enfatizó, "el vecino sabe lo que pasa en el barrio, dónde está lo peligroso" como también sabe "si la policía es eficiente o no es eficiente, si está donde tiene que estar, si cuando va a la comisaría es atendido como corresponde y su denuncia es tomada o casi es desalentado a hacer su denuncia y así invitado a irse".
También se refirió a que Uruguay, Chile y Argentina son los tres países más seguros de la región, e incluso que, en una lista de las 50 ciudades más inseguras del mundo, ninguna era argentina, habiendo cinco de EEUU, y ciudades de Colombia, México, Venezuela, Brasil.
Al ser consultada sobre los medios como factor, indicó que, incluso más allá de que haya alguna intención política en algunos medios en reforzar, insistentemente, la comunicación de un hecho de inseguridad las 24 horas genera más temor.
Y por último, también respecto del cacerolazo del jueves pasado, la Ministra, reconociendo el derecho a manifestarse y expresarse para los ciudadanos como central a la democracia, se sentía sorprendida por algunas demandas, como, por ejemplo, la que hace a la libertad. Recordó que hemos conocido épocas con presos políticos, sociales y sindicales, con el partido mayoritario proscrito, donde no funcionaba el Congreso, mientras que, actualmente, atravesamos una época de democracia larga como nunca antes. Actualmente se vota regularmente, no hay partidos proscritos, no hay perseguidos ni presos políticos, y sí hay libertad de prensa, ningún diario ha sido cerrado, ninguna radio clausurada, entonces, de qué libertad se habla. Y agregó: "vi bastante crispación, pacífica, por supuesto, pero vi crispación, que suele adjudicarse al gobierno. De todas maneras, entiendo que el gobierno debe tomar nota de esa crispación y, en todo caso, qué la motiva".

Declaraciones de a Radio Nacional Rock
fuente: Prensa Nilda Garré


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