Denuncia: Desalojo ilegal de desplazados

Durante más de tres años, 11 familias en situación de desplazamiento provenientes en su mayoría de las costas atlántica y pacífica del País desde donde salieron huyendo de la muerte y totalmente despojados de sus pertenencias, habitaron este edificio abandonado en el centro de Bogotá que anteriormente era utilizado por habitantes de calle como refugio. Estas familias, manifiestan no haber recibido ayuda humanitaria integral por parte de las Instituciones públicas y acudieron a la ocupación de este edificio obligados por el desespero y la impotencia que les produjo la precaria respuesta del Estado y de la sociedad en general a la tragedia humanitaria a la que se vieron abocados a causa del conflicto armado.

Esta toma no tuvo otra pretensión que la de exigir al Estado un mejoramiento real de sus condiciones de vida. Tal y como ha de ser, estos hombres y mujeres, ciudadanos como nosotros y nosotras solo reivindicaban su Derecho a tener un proyecto de vida digno, reconocimiento y respeto por su condición humana, la posibilidad de dar a sus hijos e hijas condiciones mínimas para su Desarrollo y subsistencia.

Sin embargo, dos años después no solo no han recibido respuesta efectiva por parte del Estado, sino que, hoy jueves 10 de marzo a las 3 p.m. ese mismo Estado Social de Derecho que se autoproclama en la Constitución Nacional como garantista del ejercicio pleno de los Derechos y las libertades, envía fuerza pública a golpear niños y niñas, a estigmatizar a las víctimas y a sus representantes como criminales, a recuperar a la fuerza y bajo todo tipo de atropellos un predio antes sin uso a nombre del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entidad que se supone, es la encargada de la protección de los niños y niñas en Colombia.

El desalojo se realizó en cumplimiento de la querella de lanzamiento que fue instaurada por el 20 de septiembre de 2010. Pese a que los habitantes del inmueble instauraron demandas, intentaron montar mesas de concertación con el gobierno e incluso enviaron una petición a la Alcaldía de Bogotá, esta vez no fue posible retardar el desalojo.

“La representante del ICBF, Sandra Amaya, aseguró que durante el período en que los desplazados habitaron el edificio, la entidad otorgó todos los beneficios a los más de 20 niños y adolescentes del lugar. Amaya, además, no sugirió ninguna opción a los desplazados después de su evacuación, salvo que el ICBF tomará la custodia de los niños que se encontrarán en riesgo. Sin embargo, algunas madres aseguran que sus hijos jamás han recibido ayudas del ICBF ni de Acción Social, entidad que no se presentó en el lugar ni atendió los llamados de la Personería en busca de una reubicación digna y de ayudas humanitarias para quienes serían evacuados.”

“Ese policía me pegó” aseguro una de las niñas habitantes del edificio a lo que las y los testigos asintieron, las evidentes heridas en el rostro de dos mujeres, el cinismo con el que la fuerza pública y algunos de los funcionarios responden a los cuestionamientos, la falta de alternativas inmediatas y en el mediano plazo, la falta de garantías reales para el retorno a sus territorios ofrecidas a estas personas que a partir de esta noche están en la intemperie, la sensación de impotencia , frustración, la tergiversación y mentiras esgrimidas por los medios de comunicación y en últimas, la misma situación de desprotección y soledad que miles de víctimas y millones de compatriotas deben padecer a diario. Solo reafirman y señalan el arduo camino para quienes pensamos que es en la defensa y en la construcción colectiva de País desde las comunidades de base y vulneradas, en el establecimiento de relaciones democráticas, diversas, justas, equitativas, en la visibilización de las problemáticas y potencialidades de las personas “común y corrientes”, donde está la verdadera esencia del cambio social que necesita Colombia.

Desde el Colectivo Colombia Despierta manifestamos nuestro apoyo irrestricto a los compañeros y compañeras en situación de desplazamiento que padecieron hoy la violencia estatal y el arbitrario abuso de poder de las instituciones cuyo deber ser es el de la “protección”. Reconocemos su valor y coraje al resistir con dignidad y entereza los abusos e injustos señalamientos, realizamos un llamado a la denuncia, a la solidaridad para con ellos y su situación, a cerrar filas en torno a la defensa de los Derechos de los niños y las niñas para quienes la única respuesta a su condición de víctimas de la indiferencia, la injusticia , la pobreza y a la vulneración, es el retiro de su grupo familiar, los golpes, los gases lacrimógenos, las mentiras, la intimidación, la negación de su condición humana. Por el Derecho a la felicidad, por el Derecho a la verdad, porque no olvidamos, porque no toleramos las injusticias, porque creemos en la autodeterminación y porque el Estado tiene una deuda histórica con las víctimas.

Pero en la ciudad únicamente encuentran voces estigmatizadoras, indiferentes, que los perciben como un problema. Al final, condenados a habitar en los recodos de las periferias o, en el peor de los casos, a deambular por las calles pidiendo cualquier colaboración de algún transeúnte solidario, que la gran mayoría de las veces no aparece, se les ve con el rostro sobrecogido por la angustia y el peso en la espalda de su desgracia.

Fuente: denunciando.com